MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA LOCAL
(conmemoración primeras elecciones municipales
democráticas celebradas el 3 de abril de 1979)
Hoy 3 de abril de 2013 la democracia española conmemora el trigésimo cuartoaniversario de las primeras elecciones municipales. Aquel día, cientos de miles
de andaluces y andaluzas inauguraban con su voto la democracia más
inmediata que conocemos. Esa alegría recuperada en las plazas y calles de
Andalucía, que tantos años había esperado a elegir en libertad a concejales y
concejalas, contrasta con el horizonte político que tienen nuestros pueblos y
ciudades merced a la reforma de la administración local que impone el
Gobierno de España en manos del Partido Popular. Lo que fue ilusión ahora es
incertidumbre, lo que fue esperanza ahora es desafección, lo que fue recuperar
libertades y derechos, ahora es un lento e inexorable proceso de pérdida y
recortes.
Concejales y concejalas en los ayuntamientos, entidades locales autónomas,
mancomunidades y diputaciones provinciales de Andalucía alzamos hoy día de
la Democracia Local en España nuestra voz en contra de la propuesta de
reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros en su
reunión de viernes 15 de febrero de 2013, fecha que pasará a la historia negra
de la democracia en España por ser el comienzo de un ataque partidario contra
la autonomía municipal, un principio constitucional y pilar básico de nuestro
modelo de convivencia, de democracia y de participación de la ciudadanía.
Reiteramos públicamente, sin descanso y con la legítima ambición de frenar
este severo golpe a la Constitución y al Estatuto de Andalucía, nuestro rechazo
a la reforma articulada por el actual Gobierno Central. Es un retroceso de la
democracia en España, adoptado en un proceso actual de desafección
colectiva hacia la política, de recortes de derechos fundamentales de la
ciudadanía y de políticas erróneas y erráticas en materia económica,
organización territorial y social.
La propuesta nutre punto por punto los males que aquejan a nuestra
democracia, porque criminaliza con demagogia la representación y el ejercicio
político municipal con un falso debate sobre retribuciones y sueldos, porque
fulmina el principio de rentabilidad social de los servicios públicos, sobre todo
aquellos que se prestan en municipios pequeños, porque aleja los centros de
decisión política y reconcentra el poder en instituciones políticas de elección
indirecta y porque va ser impuesta de manera dictatorial sin previo debate
público y político sobre nuestro modelo territorial.
Los pueblos y ciudades perderán servicios o los van a tener más caros y de
peor calidad. Los ayuntamientos de Andalucía van a salir a concurso público
mediante la privatización de los servicios públicos de manera directa o
mediante la recentralización de las competencias a las diputaciones
provinciales, con el argumento de que cuesta mucho que los vecinos y vecinas
de un pueblo de menos de 5.000 habitantes tengan derecho a los mismos
servicios que los habitantes de las grandes ciudades, plagadas de asesores
con sueldos millonarios. El espíritu de la reforma diluye el derecho a tener los
mismos servicios públicos viva donde viva cada cual, a elegir libremente la
residencia de nuestras familias, a tener derecho a vivir donde uno quiera.
Alertamos del impacto que tendrá la propuesta en el desmantelamiento del
sector público, la liberalización de servicios y la privatización de sectores -sobre
todo en las grandes ciudades y municipios-, con la consiguiente pérdida de
puestos de trabajo, que calculamos pueden ser 250.000 en España y 40.000
en Andalucía.
En estos treinta cuatro años de gobiernos locales, nadie puede negar la función
dinamizadora que han tenido los ayuntamientos, salvando las críticas, las más
de las veces, de derroche de recursos públicos. A día de hoy, podemos afirmar
con orgullo que ningún pueblo andaluz ha desaparecido en estas más de tres
décadas de democracia local. Ha sido posible porque el desarrollo rural ha sido
prioritario para los gobiernos de la Junta de Andalucía, como vehículo de
cohesión territorial e igualdad de oportunidades.
El papel dinamizador de las políticas públicas y la contribución municipal en las
economías locales puede ser historia, lo cual servirá de justificación futura para
el remate final de esta reforma. El supuesto ahorro para los ayuntamientos, y
por tanto, para los bolsillos ciudadanos es falso, ya que las competencias que
pasan a las autonomías tendrán un coste que será abonado por los entes
locales, y las competencias impropias dejarán de prestarse. Es decir, la
propuesta no tiene nada que ver con mejorar la gestión, sino que persigue la
eliminación o privatización de servicios. Los ayuntamientos seguirán pagando
directa o indirectamente.
Proponemos afrontar con valentía un debate territorial, de competencias y
financiación, en vez de fiar el futuro de nuestros pueblos y ciudades a los
criterios del mercado, esas manos invisibles que se encargarán de recortar los
servicios, imponer repagos y alejar del control ciudadano las decisiones del
ámbito político. Esta reforma entrega en bandeja nuestros ayuntamientos a una
nueva forma de especulación. A nuestro juicio, tiene similar calado en el futuro
de nuestros pueblos que la ley del suelo promulgada en 1998, que desenfocó
el desarrollo planificado y entregó el urbanismo a la especulación.
El articulado del proyecto de ley es un ataque a la autonomía local porque los
municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes, desaparecen de
hecho. No es una afirmación exagerada, cuando la capacidad de decisión de
los representantes municipales queda intervenida, en manos de diputaciones, y
en los casos extremos, desapareciendo como administraciones.
La intervención y la retirada de competencias, justificada por los baremos de
costes, rentabilidad y estabilidad presupuestaria que sean impuestos
arbitrariamente por el Gobierno, convertirán a los gobiernos municipales en
meros simulacros de representación política, y por ende, en un ficticio proceso
de elección los comicios locales. Las decisiones se alejan de las plazas de los
pueblos y se tomarán en despachos privados.
Treinta y cuatro años de democracia local cumplidos con la mirada puesta en el
futuro que una legislación restrictiva quiere oscurecer. La defensa de la
democracia local late en nuestros pueblos y ciudades, allí fue donde nuestra
fuerza arraigó para alcanzar la autonomía andaluza y donde atesoramos los
valores de igualdad, libertad y justicia social.
