El Pleno responsabiliza al laboratorio de la crisis del agua en el Condado
El hecho de que diez municipios del Condado consumieran agua no apta para el consumo humano durante 40 días es responsabilidad directa del laboratorio 'Tecnoma'.
Al menos esta es la conclusión que extrae el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Condado y alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, de los expedientes internos abiertos por la entidad a raíz de que se detectara de que el agua que suministra el ente no era apta. Esta tesis fue la que defendió el propio presidente en el Pleno de este organismo celebrado ayer y donde se ratificó que "no hubo una actuación negligente por parte de la entidad suministradora".
Al hilo de esta afirmación, Sánchez achaca toda la responsabilidad al laboratorio con quien se había concertado el servicio de analíticas de las aguas destinadas al consumo humano, dado que 'Tecnoma' no remitió los ensayos de las muestras tomadas el 13 de agosto en tiempo y forma para que los técnicos pudieran adoptar las medidas correctoras necesarias que rebajaran los altos índices de trihalometanos que albergaba el agua, en pos de garantizar su potabilidad.
Pero las supuestas responsabilidades de 'Tecnoma' no acaban aquí, ya que el edil acusa al laboratorio de publicar los datos en el SINAC si haber realizado los oportunos contraanálisis que verificaran de modo fehaciente si dichas muestras ciertamente contenía un exceso de trihalometanos.
Por todo ello, y "ante esta demora de un mes y medio, lo que hizo que la Delegación de Salud tuviera conocimiento incluso antes que la Mancomunidad del problema", el Pleno de la Mancomunidad determinó ayer, a propuesta de la Presidencia, rescindir el contrato que los vincula al laboratorio, así como la exigencia de daños y perjuicios, si bien Carlos Sánchez aún no ha desvelado si estas "exigencias" se ejecutarán mediante vía judicial.
Con respecto a la responsabilidad que tendría la entidad suministradora por su falta de diligencia a la hora de demandar los datos de las analíticas, el Pleno ha "ratificado la tramitación de los oportunos expedientes disciplinarios a los técnicos del Área de Producción".
El Partido Popular, por su parte, se mostró ayer desalentado por estas conclusiones y consideró paupérrimo que los socialistas eludan sus responsabilidades culpando de todo ello al laboratorio que, recuerdan, "alguien concertó".
Con esta decisión auspiciada por el edil bollullero, puntualizaron que lo que se pretende es poner punto y final a un problema que ha puesto en riesgo la salud de decenas de miles de ciudadanos, si que ningún representante político se considere responsable de tales hechos.
En este sentido, el portavoz adjunto del PP en la Mancomunidad, Francisco Riquel, subrayó ayer que, a pesar de que las muestras tomadas el 14 de agosto no se colgaron en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, (SINAC) como era preceptivo, este hecho no puede soslayar la dejadez de la que han hecho gala los responsables del ente, al no exigir esos análisis a 'Tecnoma'.
Un "ostracismo" que se perpetuó hasta el 26 de septiembre, fecha en la que se hicieron públicos dichos datos a través de "una comunicación emitida por el Distrito Sanitario del Condado", en la cual se determinaba que el agua no era apta para el consumo humano.
Por todo ello, el representante popular afirmó que ha existido una dejación de funciones en el ámbito político a la hora de ejecutar las pertinentes labores de control, las cuales no se han llevado a cabo como corresponde por una entidad que tiene la responsabilidad de velar por un 'producto' de primera necesidad que consume decenas de miles de persona.
No obstante, Riquel aseguró que esperan que el Ministerio Fiscal se pronuncie y determine si incoar o archivar el expediente abierto a los responsables de la Mancomunidad para conocer "la implicación que han tenido los dirigentes políticos que en ella se encuentran al frente".
En este sentido, recalcó que "vamos a ser escrupulosamente rigurosos con la decisión que determine la Justicia para tomar conclusiones", si bien ello no es óbice para que el Ayuntamiento de La Palma del Condado, al que representa el propio Riquel, continúe realizando los pertinentes análisis periódicos del agua, al entender "que la entidad ha perdido toda su credibilidad".
(Huelva Información, 28.11.07. Edición digital).
